jueves, 16 de junio de 2011

Cerca de 400 menores están a la espera de cumplir condena por falta de medios


De Diario Información. También Diario Levante:
Jueces y fiscales alertan de que los retrasos anulan la eficacia de la medida y hacen que ésta prescriba
Cerca de 400 menores infractores a la espera de cumplir condena y demoras de año y medio para empezar a hacerlo. Ésta es la situación que describe el Síndic de Greuges en un informe que analiza los problemas en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores condenados. Unos 400 adolescentes de la Comunidad Valenciana están a la espera de cumplir condena debido a la falta de medios y de personal para poder llevar a cabo la función educativa que subyace tras estas medidas, según el informe elaborado por el Síndic y remitido el pasado febrero a la Conselleria de Justicia.

Según el documento, Alicante concentra, con diferencia, el mayor número de menores en lista de espera para poder cumplir condena, ya que de los 376 que había en toda la Comunidad a fecha 10 de noviembre de 2010, 300 estaban en la provincia. Los datos con los que trabaja el Síndic, recogidos a través de la Conselleria de Justicia y de los distintos centros de menores y ayuntamientos que colaboran con el cumplimiento de medidas en régimen abierto –aquéllas que no conllevan la privación de libertad–, van acompañados de una decena de recomendaciones al Consell para intentar mejorar las numerosas deficiencias detectadas en la gestión judicial relativa a los menores. Entre ellas, el Síndic exige que se establezcan ratios para controlar el número de jóvenes con los que trabaja cada educador, ya que estos cupos se están disparando por la falta de presupuesto para aumentar el número de profesionales y por los impagos a tiempo de las subvenciones a los centros de menores y ayuntamientos en los que el Consell delega la ejecución de las medidas.
El Síndic tilda los retrasos que se producen entre la notificación de la sentencia y la ejecución de la misma de «claramente inconvenientes». Jueces y fiscales consultados por este diario ratificaron que los tiempos de demora oscilan entre los 9 y 16 meses y explicaron que los problemas principales de estas listas de espera son la prescripción de la medida y la falta de eficacia de la misma. Las medidas dejan de tener sentido, como ocurre sobre algunos menores condenados que tienen que empezar a cumplir la pena cuando ya han alcanzado la mayoría de edad en una situación que ya no se asemeja a la que tenían cuando se cometió el delito.
Convivencias y tareas con grupos educativos, prohibición de salidas en fin de semana, órdenes de alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a un centro de día o talleres de inserción son algunas de las medidas impuestas por los magistrados para los menores condenados a penas no privativas de libertad, que suponen un 70% de los casos de condena, mientras que el otro porcentaje se reserva para el internamiento en centros. Los últimos datos aportados por la Fiscalía de Menores de Alicante reflejan que los jueces de la provincia ordenaron en 2009 un total de 325 internamientos en centros, mientras que optaron por medidas en régimen abierto en 1.089 casos.

Centros de día
El Síndic recuerda que el sistema judicial debe apostar por la libertad vigilada u otras medidas de régimen abierto, así como por la creación de centros de día para menores, de los cuales la Comunidad está falta. Eso explica que en el caso de la provincia de Alicante durante 2009 (últimos datos públicos) no se dictara en ninguna sentencia obligación de asistir a un centro de día, al igual que ocurrió en Castellón. Sólo la provincia de Valencia registró siete casos de condenas a menores que dictaban la asistencia a estos centros. El Síndic también da un varapalo al Consell ante la carencia de personal en los equipos técnicos que trabajan en las Fiscalías de Menores de la Comunidad y solicita la ampliación de las plantillas. Asimismo, debido a los retrasos en el pago de subvenciones a los centros y ayuntamientos que se encargan de hacer cumplir las condenas, el Síndic insta al Consell a cambiar el sistema de subvención por el de conciertos plurianuales.
En la provincia de Alicante, Justicia delega el cumplimiento de las condenas en régimen abierto en cuatro entidades privadas sin ánimo de lucro (Centro Nazaret-Fundación del Padre Fontova de Alicante, la Fundación Diocesana San José Obrero de Orihuela, la Fundación Arcos de Altea y la Fundación Diagrama) así como en tres ayuntamientos (Elche, Sant Joan d´Alacant y Almoradí).

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