Fuente: La verdad MIGUEL ÁNGEL SEGURA PALOMARES En los últimos días han aparecido en diversos medios de comunicación, noticias que hablan de graves problemas relacionados con la aplicación de medidas judiciales a menores.
Afortunadamente no se trata de hechos luctuosos que de vez en cuando saltan a los titulares y cabeceras de noticiarios. En este caso «sólo se trata de dinero». Las noticias hablan de que las entidades que aplican las medidas judiciales en medio abierto (entre otras, la libertad vigilada, las prestación de servicios en beneficio de la comunidad, o las tareas socioeducativas), a través de la presidencia de la asociación que las agrupa (APIME) han comunicado al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, y a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, que no van a poder iniciar ninguna medida judicial más, al carecer de recursos, pues no han recibido cantidad alguna durante todo lo que va de año. Esto, sin duda, supone un grave problema -social y jurídico- en un tema muy sensible.
Como director de una de las entidades implicadas, y miembro de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana, creo que para entender mejor el problema, podría ser útil hacer tres precisiones.
1ª Precisión: El retraso en los pagos no es culpa de la crisis. Me explico. Por supuesto que tiene que ver con la crisis que afecta a la total falta de liquidez de la Generalitat. Pero, en este caso, la crisis sólo es el adjetivo, o el complemento circunstancial de tiempo, pero no el sustantivo, el sustantivo es otro; la crisis puede ser un agravante, pero no la causa de esta situación. El silogismo es sencillo: si el motivo del retraso es la crisis, se supone que en los años de bonanza, los pagos serían puntuales. Les doy unos datos: en 2007 el primer pago se recibió a mediados de junio, en 2008, a mediados de octubre, en 2009, a finales de octubre y en 2010, mejoramos, el primer pago llegó el 10 de agosto. A día quince de noviembre no ha llegado un céntimo del 2011.
2ª Precisión: El retraso en los pagos no es un problema económico. Me explico. Pues claro que para las entidades sin fin de lucro no recibir ninguna cantidad en más de diez meses supone, no un problema sino un 'problemón' económico. Al decir que no se trata de un problema económico me refiero a que la causa del retraso es sobre todo, atribuible al modelo de subvención que la Conselleria utiliza como sistema para gestionar las relaciones con las entidades que ejecutan las medidas judiciales en medio abierto. Nada más lejos de mi intención que cansarles con disquisiciones jurídicas. Baste decirles que los plazos mínimos que la ley marca para el sistema de subvención, hace materialmente imposible que el dinero llegue a cualquier entidad antes del cuarto o quinto mes del año. Y eso 'en teoría', porque 'la práctica' se parece mucho más a las fechas que les decía en el párrafo anterior.
En los últimos cuatro años, tanto desde las entidades, como desde todas las instancias implicadas en esta materia: Fiscalía, Judicatura, Sindicatura de Agravios, se le ha solicitado a la Conselleria que cambie el modelo de financiación. Hasta la fecha, la Conselleria responde que no lo considera necesario.
3ª Precisión: El retraso en los pagos no es un problema difícil de resolver. Disculpen la osadía por hacer una afirmación de ese calibre, con la que está cayendo. Me explicaré. Lo que pretendo dar a entender es que la voluntad de colaboración de las entidades que aplican medidas judiciales es más que manifiesta. ¿O es que alguien imagina que quienes anticipan sus propios fondos, ocho o diez meses de cada año, durante años y años, para que se pueda llevar a cabo un servicio público que afecta a derechos de menores, no se sienten corresponsables con la administración de justicia y bienestar social, o no tienen espíritu colaborador? Esa colaboración se debe, y se puede estructurar en forma de comisión mixta de trabajo entre la Conselleria y las entidades. Y en esa comisión comenzar cuanto antes a trabajar conjuntamente y de forma consensuada, hacia un cambio en el modelo de financiación que responda mejor al tipo de realidad que pretende regular, y que ayude a ir definiendo y concretando el modo de aplicar las medidas judiciales, para así, garantizar la calidad y la eficacia de las mismas. Esto venimos solicitando hace años. Y esto no cuesta dinero.
Lo peor que podría ocurrir es que en unos días se nos pagase 'alguna cantidad' y se diera por zanjado el problema (y encima dando gracias, porque con la cantidad de acreedores que hay en cola, ávidos por cobrar, deberíamos considerarnos afortunados). y que consecuentemente, desaparezca de la agenda de preocupaciones de la Conselleria, y nos condene otro año más a repetir este círculo vicioso.
Somos conscientes de que son muchos los problemas que en estos momentos tienen planteados nuestros gobernantes, y nosotros como ciudadanos. No aspiramos a que éste sea el único ni el más relevante. Pero permítanme que humildemente les subraye la importancia de la correcta aplicación de las medidas judiciales de medio abierto, al menos en una faceta (que no debería ser la más importante, pero…). Sigan conmigo la secuencia que les describo a continuación: (1) está comprobado (desde fiscalía) que cuando se retrasa mucho el inicio de una medida, o su aplicación se hace de forma superficial (porque cuando un educador ha de atender a 40 menores no se puede hacer de otra forma), el joven tiene una cierta sensación de impunidad y no es infrecuente que reincida. (2). Las sucesivas reincidencias obligan a adoptar una medida más fuerte, una medida de régimen cerrado. (3) La correcta aplicación de una medida de medio abierto, es decir con la dotación suficiente de educadores para que no se exceda el número de casos con el que se pueda trabajar razonablemente (por ejemplo, 15 casos por educador) tiene un coste aproximado de algo más de 3 euros por menor y día (poco más de 1.000 euros al año). ¿Saben ustedes cuál es el coste de un menor en un centro de reforma?: alrededor de 270 euros al día (es decir, casi 100.000 euros al año). (4) Basta con que 10 menores, cuya reincidencia se podría haber evitado atendiéndoles correctamente en medio abierto, tengan que ingresar en un centro, para que nos estemos gastando 990.000 euros innecesariamente. Desgraciadamente, esta hipótesis no afecta sólo 10 menores, sino a bastantes decenas más. O sea que hagan múltiplos de diez, y verán qué cantidad les sale.
Por eso, no nos cansaremos de repetir, que no invertir -un poco, muy poco- en medidas judiciales de medio abierto, no sólo es equivocado como política social, sino que en los tiempos que corren, es un tremendo error de política económica.
